Se destapa escándalo financiero y laboral por la no calificación Ambiental del Mega Proyecto Plaza Egaña

 Nuevamente un fondo de inversiones inmobiliario habría engañado a trabajadores, grandes inversores, vecinos de Ñuñoa y pequeños inversionistas que tratan de comprar una vivienda propia, o que buscan un seguro con renta vitalicia.

Arista que afecta al Mercado Financiero

Pablo Medina Herrera

El grupo inmobiliario Fundamenta, del empresario Pablo Medina Herrera, conocida en Ñuñoa por sus inversiones y donaciones al Municipio en la época del alcalde Pedro Sabat y su nefasto Plan Regulador Comunal, se habría asociado, en el año 2016, con la administradora de fondos de inversión Frontal Trust, del conocido empresario del área de finanzas Andrés Echeverría Salas, para desarrollar, en conjunto e involucrándose directamente en la gestión, el proyecto denominado Eco Egaña.

 

Andrés Echeverría Salas

 

Así surge, como brazo financiero del megaproyecto, el  llamado Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña, administrado por la sociedad Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A., cuyas operaciones se encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Mercado Financiero y sus normas.

 

El Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña tiene, entre sus aportantes, a importantes entidades de Rentas Vitalicias y de Seguros como es el caso de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. del grupo económico Fernández León y Hurtado Vicuña, CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. cuyo Presidente es Marcos Büchi Buc, Penta Vida Compañía de Seguros Vida S.A. de un muy conocido y mediático grupo económico. También son aportantes otras empresas del rubro inversiones, como es el caso de Inversiones Desarrollo y Futuro S.A., Sociedad Minera El Haya S.A., Sociedad Minera El Clarillo S.A., Inversiones El Radal S.A., Inversiones y Asesorias F y B Ltda., Sociedad P y P S.A., Inversiones Portoseguro SpA e Inversiones Clarial Limitada.

Si bien se trata de empresas y grupos económicos que normalmente se dedican al rubro inversión, que buscan capturar utilidades, el problema se desata cuando la rentabilidad del fondo se amarra a obras megalómanas financiando varios edificios de más de 30 pisos en una comuna completamente saturada y sobre densificada, como es Ñuñoa. De allí que resulta especialmente sensible que la Inmobiliaria Fundamenta haya iniciado obras en circunstancias que si bien contaba con el Permiso de Edificación (octubre de 2018) de la siempre complaciente DOM de Ñuñoa, cuando no contaba con una Declaración de Impacto Ambiental totalmente tramitada. Tal es así que, al día de esta redacción, existen recursos de casación pendientes ante la Corte Suprema (Rol 1085-2022), cuyo objeto es revisar la legalidad de la Resolución de Calificación Ambiental del año 2019. De acuerdo con circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU y la misma Contraloría General de la República, una cosa es el permiso de edificación y otra muy distinta los permisos ambientales. Aquellas obras que requieren de permisos ambientales, por certeza jurídica, no debieran iniciar en tanto no los tengan.

Por ello resulta especialmente relevante revisar cuál ha sido el comportamiento de Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A. frente a su obligación de comunicar los denominados Hechos Esenciales que afectan al fondo que administra. Nada hemos encontrado respecto de permisos ambientales desde el año 2018 a la fecha. Lisa y llanamente parece no importarles la tramitación ambiental. Así, nada hay de la obtención el año 2019 de la RCA y sus recursos administrativos y judiciales. Nada respecto de la sentencia del Tribunal Ambiental, pese a que era de público conocimiento que el 25 de noviembre de 2021 el Segundo Tribunal Ambiental en la causa R-231-2020, la titular del proyecto, Plaza Egaña SpA, sufría un grave revés al haber sido objetada la  aprobación ambiental del proyecto que pretendía construir en la saturada Plaza Egaña.

El desacierto financiero que debiese estar sujeto a  sanciones por las autoridades económicas, y que en opinión de expertos consultados constituye un grave delito económico por atentar en contra del patrimonio de múltiples interesados, de la fe pública, el sistema financiero y el mercado en general, es de responsabilidad de  Frontal Trust, ya que se hizo cómplice de la temeraria inmobiliaria Fundamenta al no informar oportunamente el fallo del 25 de noviembre de 2021 del Segundo Tribunal Ambiental como un hecho esencial, lo último que se informó fue un retiro de utilidades omitiendo gravemente la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, solo informó de la votación en contra de los seremis ocurrida el 4 de abril, el 5 de abril recién pasado a las 23:08 horas, más de cuatro meses después de ocurrido el hecho esencial del fallo en contra del Segundo Tribunal Ambiental.

También, desde el punto de vista del mercado de capitales, se debe investigar el rol de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) que realizó la auditoría que abarcó hasta el 31 de diciembre de 2021, y que indicó en la página 47 en su letra c) que “(c) Juicios y contingencias - No existen juicios y contingencias al 31 de diciembre de 2021 y 2020.”, lo que evidentemente no era ni es efectivo.

Si bien PricewaterhouseCoopers después del bullado caso La Polar, bajó bastante su prestigio, se le puede dar el beneficio de la duda pues es posible que fuera Frontal Trust quien le ocultó la información a la firma auditora que le hizo cometer semejante omisión.

Arista Laboral

Más conocido que los detalles anteriores han sido las protestas de trabajadores que fueron contratados por la o  las inmobiliarias que iniciaron e incluso aceleraron el trabajo en la obra a pesar del fallo adverso ocurrido hace más de cuatro meses.

Ante un escenario, que se ha hecho costumbre, que nadie está cumpliendo con la ley en Chile, se entiende la angustia de los trabajadores ya que si éstas inmobiliarias y empresas del mercado de capitales no cumplen con la normativa frente a inversores poderosos, temen entonces con razón que ellos sean despedidos con tal de no cumplir la inmobiliaria con la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, pasando a ser ellos utilizados como rehenes de estos malos empresarios frente a las autoridades.

Así la inmobiliaria pretende continuar de manera contumaz las obras, aprovechándose ahora de la necesidad de los obreros de la construcción, sin importarle perjudicar el mercado de capitales del país con un comportamiento poco serio a los ojos de cualquier inversor extranjero al ocultar, sin castigo mediante, hechos esenciales, perjudicado también el rubro de las firmas auditoras.

Triste resulta observar el comportamiento de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Cámara de la Producción y Comercio, según informan medios como el Diario Financiero, prensa que se limitan a cubrir la noticia cuando éstos defensores de granjerías, van a rasgar vestiduras frente a las autoridades con argumentos que “no hay certeza jurídica” para sus intereses, sin preocuparse del prójimo y que su derecho termina cuando afecta el derecho de otro, transformando a nuestra sociedad en una carrera disfuncional de quién tiene más recursos y contactos para trepar primero al palo más alto del gallinero.