El Municipio de Ñuñoa, pretende invalidar la
Recepción Final del Edificio Botero, cuyo permiso fue anulado por la Corte el
2016, justo después que la inmobiliaria ha terminado de vender casi todos los
departamentos, cuestionando dicha sentencia, señalando que esos tribunales no
tenían poder para hacerlo. El Municipio pretende abrir nuevamente el debate sobre
su validez y actuando en los hechos como juez y parte.
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| Me dejaron solo haciendo esto |
El Municipio de Ñuñoa, a través de su
Departamento de Dirección de Obras, ha decidido invalidar la Recepción Final
del Edificio Botero, cuyo permiso ya fue anulado por la
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y ratificado por nuestra
Excelentísima Corte Suprema, cuyo fallo se basó en lo informado por el propio SEREMI
Metropolitano de Vivienda y Urbanismo que calificó como contrario a Derecho el
citado Permiso de Edificación.
Lo
dicho se desprende de las Propias Palabras de Patricio Reyes, quien ejerce el
cargo de manera subrogante, mientras su colega el actual Director Carlos Frías López,
a pesar de todo lo sucedido, aún no aparece relevado o destituido de su cargo y
cuya condición jurídica no se ha aclarado. Lo único que se puede asegurar que Frías, de manera escandalosa, según informa el Alcalde en su último informe de cuenta
pública se encontraría ejerciendo como
Fiscal en una investigación sumaria contra otros funcionarios del
Municipio.
En
efecto, ante la sorpresa de todos quienes asistieron a la AUDIENCIA, el también
cuestionado Patricio Reyes Tapia, como en los mejores tiempos de Carlos Frías, quien
se diera a conocer en la comunidad nacional por sus famosos comentarios machistas
y homofóbicos sobre la oferta de un burro bien dotado para “colitas” y “minas”,
planteó como explicación de la citación a los asistentes a la Audiencia de
Invalidación lo siguiente:
“La publicación en el
Diario Oficial se hizo como una manera, como una formalidad de importante de
hacer especialmente más oficial toda esta citación, para que no exista todo
este revuelo que se le ha dado al caso del edificio, puesto que siempre
digo un sarcasmo, espero que no exista un periodista aquí y si lo hay no
importa, que periodista suena o rima
con sensacionalista, esto se ha dado exclusivamente a un tema muy sensacionalista.
Hubo un fallo y una sentencia de la Corte en algo técnico,
se basó en algo técnico, que, que creo yo,
no tiene la potestad o la jurisprudencia para poder fallar,
siendo que había un acto
administrativo que fue posterior al fallo que se sentenció, que era el
permiso de edificación. Se hizo una
modificación de proyecto y esa modificación de proyecto fue la que se recibió,
ya.
Precisamente, en base a eso es que está este
proceso de inicio de invalidación de los actos administrativos tienen que ver
con la modificación de proyecto y la recepción definitiva, ya, dentro del art.
53 de la ley 19.880 se establecen los procedimientos para hacer la invalidación
de actos administrativos que tengan algún problema, que hayan sido ejecutados
con alguna deficiencia por la parte
de esta unidad pública, en este caso seríamos nosotros como Dirección de Obras,
en este proceso de invalidación no implica y eso como para que también se
entienda, me imagino que todos han estado asesorados por algún abogado o una parte
técnica más judicial, lo más probable que hayan muchos abogados más que
periodistas aquí.”.(Transcripción libre del audio y video que se agrega)
Luego,
de aclarar de esta manera en forma clara lo que realmente cree, explicó que
según un artículo que cita, estaría facultado para iniciar el proceso de
invalidación, lo cual fue rechazado tanto por el abogado Rodrigo Valdés, como
por otro abogado presente, puesto que de ser efectivo que se hizo una
modificación DESPUÉS DE LA SENTENCIA como dice el DOM(s), quiere decir que ya
sabía que la modificación y la recepción son NULOS no requiriendo invalidación,
menos por la misma Dirección de Obras que vulneró los Derechos Constitucionales
de los afectados atentando gravemente contra nuestro Estado de Derecho.
Es
necesario señalar que efectivamente se dictaron estos actos después de la sentencia
de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue de fecha 14 de julio de 2016, pero
antes que la Corte Suprema dictara el fallo definitivo y que la Corte Suprema si
tuvo a la vista la información de la modificación. Por otro lado, el Municipio
interpuso de manera contraria a toda lógica jurídica un recurso de aclaración,
rectificación o enmienda donde volvió a presentar la modificación, lo que la
Corte Suprema finalmente rechazó dando cuenta, de que lo único que consiguió el
Municipio fue dilatar el cumplimiento y como hemos podido apreciar, dejar que
se vendieran los departamentos, los cuales se siguieron publicitando sin que el
Municipio detuviera la acción flagrante de la Inmobiliaria y los compradores,
como si no hubiera pasado nada, sin que le importara lo que dijeron las
autoridades jurisdiccionales más importantes de nuestro país, porque como dice
el funcionario Reyes “una sentencia de la Corte en algo técnico,
se basó en algo técnico, que, que creo
yo, no tiene la potestad o la
jurisprudencia para poder fallar “
Recordemos
un poco:
La
primera acción en que se señalaron formal y públicamente que existían dudas de
que existían permisos otorgados de manera ilegal en Ñuñoa fue el año 2013, en
Audiencia Pública del 17 de diciembre de 2013, mientras Administraba Sabat y el
Sr. Zarhi era concejal. Luego se iniciaron las primeras demandas el año 2015 de
las cuales, hasta la fecha, los propietarios afectados ya han obtenido 4
reclamos de Ilegalidad con sentencias favorables y dos recursos de protección
acogidos, que han anulado premisos de edificación. EL ÚLTIMO ES DE FECHA
RECIENTE y aún no se sabe que hará el Alcalde, quien es verdaderamente la
autoridad que representa al municipio y tampoco se sabe con qué nuevas
ilegalidades y arbitrariedades aparecerán el Director de Obras Titular Carlos
Frías y su Subrogante Patricio Reyes, ambos bajo la dependencia directa del
actual Alcalde Andrés Zarhi.
Durante
la Audiencia el abogado de los verdaderos afectados Rodrigo Valdés Alé le hizo
ver a Patricio Reyes, que a raíz de todo lo que ocurre en el Municipio de Ñuñoa
y sobre todo el hecho que el citado funcionario se encuentra siendo investigado por denuncia
interpuesta por algunos concejales, carece de la imparcialidad necesaria para
continuar con el proceso de invalidación, ante lo cual el Reyes reaccionó de la
manera menos cordial por decir lo menos, procediendo a grabarlo y amenazarlo de
hacerlo desalojar de la sala ante la perplejidad de la mayoría de los
asistentes, debiendo incluso otro abogado intervenir a favor del profesional
como se puede apreciar en el audio completo.
Luego
el funcionario municipal, de manera sorprendente, le hizo ver al citado abogado
que cuando éste fue a declarar a la fiscalía en relación a la investigación llevada
en su contra fue muy “recatado”, respondiéndole el abogado seriamente sobre cómo
sabía que él había ido a declara a Fiscalía, haciéndole ver que sus palabras
aumentaban las dudas de su imparcialidad y que debía, por expreso mandato legal
abstenerse de continuar con el proceso y entregar los antecedentes al Alcalde.
Por
otro lado, se le señaló que no podía invalidar porque la recepción final y la
modificación no pueden ser consideradas como nuevos antecedentes.
El
abogado señaló que todo el proceso estaría viciado y resulta grave que utilizando
recursos Municipales, el DOM(s) notificara a los que él creyó que eran los
afectados, e incluso hizo una publicación en el Diario Oficial el 4 de julio de
2018, llamando públicamente a la Audiencia un día viernes, en plenas vacaciones
de invierno, por lo cual muchos interesados no pudieron asistir, siguiendo con las malas prácticas que se han agudizado los últimos meses (https://drive.google.com/open?id=1K7_fTiYAWA7xh2t1t_kt_0Z9EqRILzk-)
Todo
esto se desprende de lo registrado en el siguiente video aportado por uno de
los asistentes: https://youtu.be/AkD9jnRVAug
Resulta
impresentable que recién ahora, el Director de Obras(s) de Ñuñoa esté tratando de
invalidar la resolución de modificación 156 de fecha 23 de junio de 2016, y recepción
definitiva, de fecha 12 de enero de 2017, puesto que estas se entienden
anuladas al estar anulado el permiso.
Frías,
Reyes y el Alcalde permitieron que la inmobiliaria comenzara a vender los
departamentos, sabiendo todos que el permiso había sido anulado por la Corte de
Apelaciones.
Además,
para perplejidad de todos los chilenos, se siguió vendiendo incluso después de
la sentencia de la Corte Suprema y lo más grave, después de que se ordenara el
cúmplase por la Corte de Apelaciones. Solo pretenden invalidar ahora que se
vendieron prácticamente todas las unidades intentando poner en jaque al
mismísimo Poder Judicial respecto del cual el funcionario Reyes señaló: “no
tiene la potestad o la jurisprudencia para poder fallar”.
¿Por
qué no invalidaron cuando se denunciaron las ilegalidades?,
esto es cuando se denunciaron las ilegalidades del anteproyecto o una vez
dictado el permiso o aún ¿antes que se empezara a construir?, o ¿Cuándo el
SEREMI lo indicó?, ellos saben la respuesta.
Consultados
los abogados que han sostenido esto, indicaron que no aportarán más
antecedentes por ahora, pues obviamente deberán recurrir nuevamente a la justicia
para que se cumpla efectivamente el fallo en un juicio que por causa de un acto
arbitrario e ilegal, según ellos se anuncia un largo y desgastante proceso, pero
cuyo resultado se augura positivo porque a estas alturas solo basta aplicar el
sentido común.
El
abogado Valdés que vivió muchos años en Europa y pudo constatar in situ las
consecuencias de la crisis del año 2008 originada justamente por una burbuja
inmobiliaria sostenida por proyectos mal concebidos y algunos ilegales,
sostiene que seguirá con su grupo de especialistas voluntarios atento a que se
cumpla la ley, y las autoridades actuales no conviertan nuestro país en otro Estado
fallido.
Quienes
se han visto afectados por los actos ilegales y arbitrarios han sido claros en
señalar que harán todo su esfuerzo para que se respete el Estado de Derecho por
parte de las inmobiliarias y autoridades y esperan de la justicia la debida
protección, puesto que el Municipio ni siquiera los ha contactado e incluso los
ha invisibilizado, negando su calidad de vecinos en los tribunales y lanzado
ante los mismos mantos de dudas sobre sus verdaderas intenciones en sus últimas
presentaciones. A pesar del temor que se les ha intentado infundir a ellos y
sus familias, seguirán adelante con sus acciones.
Lo
que en realidad nadie puede sanamente aceptar es que Carlos Frías, Patricio
Reyes o el Alcalde pretendan invalidar ahora que el edificio se encuentra
totalmente vendido, puesto que lo único que provocan es poner en duda lo resuelto
por la Corte.
El
abogado nos ha señalado además, que estos últimos acontecimientos se encuentran
en desarrollo pero todos quienes están ligados a este tema han manifestado que
nunca se había llegado tan lejos y cada vez que surge un avance, asistimos
estupefactos a los acontecimientos y vemos con sorpresa, como comienzan a
caerse las caretas de quienes pretenden instalar la impunidad en nuestras
comunas y también de aquellos que actúan en las sombras como sus colaboradores
y testaferros.
Llama
por decir lo menos la atención que:
-
El anterior Director Jurídico de Ñuñoa, Ricardo Israel, haya salido del cargo poco
después que declarara públicamente que la demolición es una de las posibilidades
que se ajusta a derecho sin mencionar jamás la alterativa de la invalidación
como una solución, y menos que fuera decretada por los mismos que vulneraron
los derechos constitucionales de los recurrentes.
-
Varias de las ventas de los departamentos se hicieron durante este año 2018,
siendo unas de las últimas propiedades inscritas con fecha 12 de julio de 2018,
vale decir, varios días después de haberse publicado en el Diario Oficial la
citación para invalidar.
-
Carlos Frías siga apareciendo como Director de Obras y su Director Subrogante Patricio
Reyes, esté actualmente investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de
Ñuñoa por el delito de negociación incompatible, basada en la denuncia
efectuada por 4 concejales de su propio Municipio, y sustentada en que el funcionario Reyes compró un departamento
con 2 estacionamientos y 2 bodegas en condiciones ventajosas, según el análisis
realizado por los Concejales y confirmado por la documentación, perteneciente a
un edificio respecto del cual el mismo hizo
la recepción final, y cuyos representantes legales son
los mismos del caso Botero.
Que no obstante ello, el Alcalde hasta el día de hoy no haya tomado medidas concretas.
-
A pesar de lo anterior, que sea Patricio Reyes quien aparezca tomando la decisión
de invalidar de manera ilegal y arbitraria la modificación 156 y la recepción
final del Permiso de Edificación del edificio Botero, más aún considerando las
actuaciones que tuvo en el proceso judicial, Recurso de Protección 102371-2015,
siendo el en persona quien recomendó
a la inmobiliaria que se hiciera parte, una vez que ya se había dictado la
sentencia, permitiendo que esta solicitara la nulidad de todo lo obrado, lo
cual la Corte de Apelaciones rechazó.
-
Aún no existan sancionados, a pesar que el Municipio de Ñuñoa tomó conocimiento
que el Permiso era ilegal mucho antes que el edificio estuviera construido,
puesto que así se lo señaló el SEREMI y los Tribunales de Justicia, sin
embargo, ni el Alcalde, ni Carlos Frías, ni Patricio Reyes, DOM(s), hicieron
nada hasta ahora, permitiendo que la inmobiliaria vendiera prácticamente todos
los departamentos, basándose en un permiso ilegal cuya nulidad ya se encontraba
declarada por la Corte de Apelaciones, antes que el edificio estuviera
terminado.
-
Aunque parezca increíble, entre la dictación de la sentencia de la Corte de
Apelaciones y la sentencia de la Corte Suprema que la confirma, el DOM hiciera,
sin informar ni a la Corte ni a los Afectados, la recepción final, lo que
permitió a la inmobiliaria vender los departamentos, aun sabiendo todos la
existencia de la sentencia de la Corte de Apelaciones.
-
A pesar que el Director Jurídico de la época, señalara que se ordenaría la demolición
una vez que se decretara el cúmplase, nada de esto se hizo, muy por el
contrario, se esperó hasta que la inmobiliaria vendiera prácticamente todos los
departamentos para proceder a invalidar la recepción final y una modificación.
-
Que se haya cambiado tantas veces de Director Jurídico y hubieran renunciado
tantos abogados en estos escasos tres años.
- A pesar que el ex
alcalde Sabat se encuentra formalizado y existieran tantos conflictos pendientes Zarhi
no removiera a nadie.
A pesar que el año 2016 radio BioBio informara el
robo de 6 computadores en los siguientes términos:
”El municipio de Ñuñoa sufrió
el robo de seis
computadores, los que contaban con la información de la auditoría a la
administración del ex alcalde Pedro Sabat, junto a los antecedentes
del informe solicitado por la Contraloría.
Por una
puerta falsa, en la parte posterior del edificio de servicios públicos de la
municipalidad de Ñuñoa, desconocidos ingresaron y sustrajeron los computadores,
pertenecientes al Departamento de Finanzas del municipio.
El hecho
se registró en la madrugada de este jueves, en las dependencias ubicadas en
avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia, en momentos donde sólo se encontraba
un guardia de seguridad en el lugar.
Quienes
perpetraron el robo, ingresaron
directamente hasta el tercer piso del edificio, desde donde sólo se llevaron
las seis CPUs, que eran utilizadas en la realización de la
auditoría municipal de los períodos de Sabat.
El alcalde
de Ñuñoa, Andrés
Zarhi, señaló que “es
un acto delictual, pero totalmente dirigido, no por dinero,
(sino) para sacar información”, agregando que existe un respaldo de los
antecedentes almacenados.
La
concejal de Ñuñoa, Alejandra
Quevedo, señaló que solicitará
un sumario administrativo a los funcionarios que se estimen
pertinentes, considerando el espacio de tiempo en que pudo haber ocurrido el
robo.
El también
concejal de la comuna, Julio
Martínez, afirmó que esto sólo dará pie para quienes critican a
la anterior administración, agregando que no imagina quien puede idear este
tipo de hechos.
En el
edificio de servicios públicos de la Municipalidad de Ñuñoa, existen cámaras de seguridad, las
cuales no cumplen la función de grabación, por lo que no hay registro del robo,
a esto se debe agregar que los desconocidos no se llevaron los computadores de
las secretarias, los cuales quedaron intactos en sus lugares.”
|
-
Contraloría fiscalizara el DOM y ordenara que se identificara los
responsables y se les sancionara, y aún no ocurra nada.
- Nuestro anterior Alcalde este formalizado.
-
A raíz de la acción del Alcalde y del DOM(s) se pretenda abrir una discusión
que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones ya zanjaron con una sentencia
firme y ejecutoriada, señalando la Corte Suprema que el DOM ha violentado
derechos constitucionales de 4 propietarios de Ñuñoa y de la comunidad toda.
- Patricio Reyes no se abstenga de continuar con su plan a pesar de lo dispuesto
en el Artículo 62 de la Ley de Bases
Generales de la Administración del Estado (LBGAE), relativo al principio de
la probidad administrativa que establece en su numeral 6 lo siguiente: “Intervenir, en razón de las funciones, en
asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos,
adoptados o parientes hasta en tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier
circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios
deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en
conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.
- No se
ordene la demolición de al menos los dos pisos superiores de acuerdo a lo
dispuesto en la LGUC: “Artículo 148º.-
El Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la
demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los
siguientes casos:1.- Obras que se ejecuten en disconformidad con las
disposiciones de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local
Respectiva.”
- Carlos
Frías siga, al parecer en su cargo, a pesar de estar sancionado por el Colegio
de Arquitectos y precisamente por la Modificación que ahora se pretende
invalidar.
- Se citara en plenas vacaciones de invierno a la Audiencia, y que Reyes en su intervención ofenda
a nuestra Corte de Apelaciones de Santiago, haya señalado que no había
periodistas, que luego los descalificara para posteriormente explicar que
casi todos los presentes eran abogados y que luego de ofrecer la palabra se
indignara con el abogado de los recurrentes porque este le explicó que debía
inhabilitarse y sin dejarlo hablar tranquilamente lo amenazara con sacarlo de
la audiencia.
- Que el
Alcalde no tome decisión alguna en lo relativo al cumplimiento de las 5
sentencias en que los Tribunales de Justicia anularon también total o
parcialmente otros Permisos bajo la administración del actual Alcalde, a pesar
del estado de franca rebeldía del DOM(s) que se desprende de sus propias
palabras.
- Que el
Municipio esté elegido como estrategia judicial actuar contra los intereses de
los propietarios afectados, negando los hechos alegados, la calidad de
propietarios de los afectados y llegando incluso el último tiempo a acusar al
abogado y a los propietarios afectados, como sospechosos por actuar en la
defensa de sus propiedades.
- Que la
modificación 18 del Plan Regulador de Ñuñoa se esté llevando en un proceso
altamente corrosivo y polémico con oposición de la comunidad organizada.
Estas
son apenas una pequeña muestra de las dudas que han surgido el último tiempo y
que la mayoría de nuestros seguidores nos hacen ver, pero hay algo todavía más
curioso y es que la injusticia del actuar municipal ya no es solo contra los
propietarios de vivienda, sino que
también contra todas las inmobiliarias que han construido respetando la
legislación vigente, las cuales se han esforzado mucho más y han tenido menos
beneficios económicos, cumpliendo con la normativa urbanística, ¿para ellas
tampoco habrá justicia como consecuencia de las decisiones de un funcionario
medio o incluso inferior dentro de la estructura Administrativa del Estado de
Chile, que ha manifestado abiertamente sentirse por sobre la ley y los
tribunales de justicia?.
Con
este actuar ya no puede afirmarse, como lo han hecho muchos, que el Municipio
solo está protegiendo a las inmobiliarias, sino la situación es aún peor.
Frías, Reyes con la complacencia de Zarhi, aparecen ante la opinión pública actuando
en defensa de inmobiliarias que obtienen permisos ilegales, como ya lo han
sancionado los Tribunales superiores de Justicia.
Que
no se intente hacer nada contra edificios que se han construido o se pretenden
construir de manera ilegal, mientras en el mundo estos se demuelen si o si, es
una conducta que no podemos tolerar porque el próximo afectado puede ser usted,
nosotros o nuestros hijos y es la herramienta adecuada para regular este
hambriento mercado. Esta ha sido y es nuestra verdadera motivación y no la que
nuestros detractores han manifestado a pesar que nuestra protesta supera ya los
5 años y es heredera y solo es la continuadora de una lucha que se arrastra de
hace muchos más años.
Recordemos
que la mayoría de estos edificios se construye como viviendas DFL 2, vale decir
económicas y reciben subsidios que pesan sobre nuestros hombros y quién sabe si esto ha llevado a que
las contribuciones de bienes raíces hayan aumentado de manera tan significativa.
Cada vez que nos sube estos impuestos, son nuestros hijos o ancianos los
primeros afectados. Los beneficios tributarios son para los más necesitados,
¿Será el caso de los compradores de departamentos DFL2 de Ñuñoa?, como los del caso Botero.
La
gravedad de los hechos descritos, requieren una respuesta enérgica y la solución
está en primer lugar en manos del Sr. Alcalde Andrés Zarhi y no de sus
subalternos y malos asesores, menos aún de un funcionario que actúa en calidad
de subrogante que mantiene un proceso de investigación abierto en sede penal, al que parecen haberlo dejado solo para que
finalmente asuma la responsabilidad, los costos económicos y personales de todo
tipo que esta verdadera catástrofe significará a toda la comunidad nacional.
Es
raro que en Chile ni siquiera se ordene la demolición de edificios construidos
con permisos ilegales y por el contrario en países como México derechamente se
demuelen en casos similares al Botero:
Como
se puede apreciar, ya se está llegando al final de un periodo verdaderamente
complejo y es hora de poner término a este verdadero desacato encubierto, que
terminará afectando a todo nuestro delicado tejido social. Como en el bullado
caso Penta corremos el riesgo que toda esta farra la terminemos pagando con
nuestros impuestos y con nuestras propiedades, que aunque muchos no lo entiendan,
las queremos y necesitamos para vivir nosotros y nuestros seres amados.
Esperamos
que dejen de culpar y criticar a los propietarios afectados que luchan por sus derechos,
porque en nuestro sistema jurídico el derecho a la propiedad, desde la Revolución Francesa
es una expresión clara de nuestra dignidad como seres humanos y una manifestación de nuestro derecho fundamental a la igualdad consagrado en nuestra Constitución, tal y como lo ha señalado claramente
nuestra Excelentísima Corte Suprema.
Al
menos desde tiempos de la Revolución Francesa, en la declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano, se puso fin a la propiedad concentrada en el Rey, la nobleza y el clero, declarando:
“Artículo 2 “La
finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos
naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” ….
“Artículo 17: − Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado,
nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente
comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y
previa indemnización.”
Estos
principios han estado presente en todas nuestras cartas fundamentales. No
volveremos a ser siervos de un grupo minoritario, llámese como se quiera llamar
que pretenden concentrar la propiedad en un pequeño grupo y no respeta los derechos de los
propietarios afectados. ¿Puede ser que nuestras autoridades o algún poder del
Estado esté olvidando conceptos tan elementales?.
Hace
10 años nadie esperaba cambios al Plan Regulador, como los que se han conseguido
y tampoco nadie imaginaba que un edificio ilegal pudiera llegar a demolerse y que los
afectados sean efectivamente indemnizados, pero luego de una larga, responsable
y juiciosa lucha ya hemos cambiado, unidos, el Plan Regulador, obtenido
sentencias que han anulado permisos de edificación y anteproyectos.
Con la unidad de todos
lograremos que el Municipio entre en razón y ordene la demolición conforme a derecho, para que los
que se sientan estafados puedan demandar a las inmobiliarias infractoras, entre
las cuales algunas, con total descaro, se han negado a devolver los dineros
dados como reserva a quienes han decidido no comprar por el hecho de que los
permisos del edificio en que se encuentran los departamentos han sido anulados.
De no existir una acción rápida enérgica, eficaz y apegada verdaderamente al
derecho, se impondrá en Chile la corrupción. Recordemos que Chile está en Sudamérica
y en una eventual crisis no podremos ir a Perú, Venezuela, Argentina, etc. como lo
hicimos en los años 70 y 80, pues casi toda Sudamérica se ha visto afectada gravemente
por la corrupción que destruye el Estado de Derecho y la paz social.
