Nuevamente
un fondo de inversiones inmobiliario habría engañado a trabajadores, grandes
inversores, vecinos de Ñuñoa y pequeños inversionistas que tratan de comprar
una vivienda propia, o que buscan un seguro con renta vitalicia.
Arista que afecta al
Mercado Financiero
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| Pablo Medina Herrera |
El
grupo inmobiliario Fundamenta, del empresario Pablo Medina Herrera, conocida
en Ñuñoa por sus inversiones y donaciones al Municipio en la época del alcalde
Pedro Sabat y su nefasto Plan Regulador Comunal, se habría asociado, en el año
2016, con la administradora de fondos de inversión Frontal Trust, del conocido
empresario del área de finanzas Andrés Echeverría Salas, para
desarrollar, en conjunto e involucrándose directamente en la gestión, el proyecto
denominado Eco Egaña.
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| Andrés Echeverría Salas |
Así
surge, como brazo financiero del megaproyecto, el llamado Fondo Inversión
Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña, administrado por la sociedad Frontal
Trust Administradora General de Fondos S.A., cuyas operaciones se
encuentran bajo la supervisión de la Comisión de Mercado Financiero y sus
normas.
El
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña tiene, entre sus aportantes,
a importantes entidades de Rentas
Vitalicias y de Seguros
como es el caso de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros
S.A. del grupo económico Fernández León y Hurtado Vicuña, CN Life Compañía de
Seguros de Vida S.A. cuyo Presidente es Marcos Büchi Buc, Penta Vida Compañía
de Seguros Vida S.A. de un muy conocido y mediático grupo económico. También
son aportantes otras empresas del rubro inversiones, como es el caso de Inversiones
Desarrollo y Futuro S.A., Sociedad Minera El Haya S.A., Sociedad Minera El Clarillo
S.A., Inversiones El Radal S.A., Inversiones y Asesorias F y B Ltda., Sociedad
P y P S.A., Inversiones Portoseguro SpA e Inversiones Clarial Limitada.
Si
bien se trata de empresas y grupos económicos que normalmente se dedican al
rubro inversión, que buscan capturar utilidades, el problema se desata cuando la
rentabilidad del fondo se amarra a obras megalómanas financiando varios edificios
de más de 30 pisos en una comuna completamente saturada y sobre densificada, como es
Ñuñoa. De allí que resulta especialmente sensible que la Inmobiliaria
Fundamenta haya iniciado obras en circunstancias que si bien contaba
con el Permiso de Edificación (octubre de 2018) de la siempre complaciente
DOM de Ñuñoa, cuando no contaba con una Declaración de Impacto Ambiental totalmente
tramitada. Tal es así que, al día de esta redacción, existen recursos de casación
pendientes ante la Corte Suprema (Rol 1085-2022), cuyo objeto es revisar la
legalidad de la Resolución de Calificación Ambiental del año 2019. De acuerdo
con circulares de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU y la misma
Contraloría General de la República, una cosa es el permiso de edificación y
otra muy distinta los permisos ambientales. Aquellas obras que requieren de permisos ambientales, por certeza
jurídica, no debieran iniciar en tanto no los tengan.
Por
ello resulta especialmente relevante revisar cuál ha sido el comportamiento de Frontal
Trust Administradora General de Fondos S.A. frente a su obligación de comunicar
los denominados Hechos Esenciales que afectan al fondo que administra. Nada
hemos encontrado respecto de permisos ambientales desde el año 2018 a la fecha.
Lisa y llanamente parece no importarles la tramitación ambiental. Así, nada hay
de la obtención el año 2019 de la RCA y sus recursos administrativos y
judiciales. Nada respecto de la sentencia del Tribunal Ambiental, pese a que era
de público conocimiento que el 25 de noviembre de 2021 el Segundo
Tribunal Ambiental en la causa R-231-2020, la titular del proyecto, Plaza Egaña
SpA, sufría un grave revés al haber sido objetada la aprobación ambiental del proyecto que pretendía
construir en la saturada Plaza Egaña.
El
desacierto financiero que debiese estar sujeto a sanciones por las autoridades económicas, y
que en opinión de expertos consultados constituye un grave delito económico por
atentar en contra del patrimonio de múltiples interesados, de la fe pública,
el sistema financiero y el
mercado en general, es de responsabilidad de
Frontal Trust, ya que se hizo cómplice de la temeraria inmobiliaria
Fundamenta al no informar oportunamente el fallo
del 25 de noviembre de 2021 del Segundo Tribunal Ambiental como un hecho
esencial, lo último
que se informó fue un retiro de utilidades omitiendo gravemente la sentencia del
Segundo Tribunal Ambiental, solo informó de la votación en contra de los
seremis ocurrida el 4 de abril, el 5 de abril recién pasado a las 23:08 horas, más de cuatro
meses después de ocurrido el hecho esencial del fallo en contra del Segundo
Tribunal Ambiental.
También,
desde el punto de vista del mercado de capitales, se debe investigar el rol de
la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) que realizó la auditoría que abarcó hasta el 31 de
diciembre de 2021, y
que indicó en la página 47 en su letra c) que “(c)
Juicios y contingencias - No existen juicios y contingencias
al 31 de diciembre de 2021 y 2020.”,
lo que evidentemente no era ni es efectivo.
Si
bien PricewaterhouseCoopers después del bullado caso La Polar, bajó bastante su
prestigio, se le puede dar el beneficio de la duda pues es posible que fuera Frontal
Trust quien le ocultó la información a la firma auditora que le hizo cometer
semejante omisión.
Arista Laboral
Más
conocido que los detalles anteriores han sido las protestas de trabajadores que
fueron contratados por la o las
inmobiliarias que iniciaron e incluso aceleraron el trabajo en la obra a pesar
del fallo adverso ocurrido hace más de cuatro meses.
Ante
un escenario, que se ha hecho costumbre, que nadie está cumpliendo con la ley
en Chile, se entiende la angustia de los trabajadores ya que si éstas
inmobiliarias y empresas del mercado de capitales no cumplen con la normativa
frente a inversores poderosos, temen entonces con razón que ellos sean
despedidos con tal de no cumplir la inmobiliaria con la sentencia del Segundo
Tribunal Ambiental, pasando a ser ellos utilizados como rehenes de estos malos
empresarios frente a las autoridades.
Así
la inmobiliaria pretende continuar de manera contumaz las obras, aprovechándose
ahora de la necesidad de los obreros de la construcción, sin importarle
perjudicar el mercado de capitales del país con un comportamiento poco serio a
los ojos de cualquier inversor extranjero al ocultar, sin castigo mediante,
hechos esenciales, perjudicado también el rubro de las firmas auditoras.
Triste
resulta observar el comportamiento de la Cámara Chilena de la Construcción y de
la Cámara de la Producción y Comercio, según informan medios
como el Diario Financiero, prensa que se limitan a cubrir la noticia cuando
éstos defensores de granjerías, van a rasgar vestiduras frente a las
autoridades con argumentos que “no hay certeza jurídica” para sus intereses,
sin preocuparse del prójimo y que su derecho termina cuando afecta el derecho
de otro, transformando a nuestra sociedad en una carrera disfuncional de quién
tiene más recursos y contactos para trepar primero al palo más alto del gallinero.